Esta semana nos llegan noticias de dos demandas judiciales en relación con Parque Warner Madrid. La primera es de Manuel Jove (dueño del parque, con su sociedad patrimonial Inveravante) contra Caja Madrid (Bankia). La segunda es del ayuntamiento de San Martín de la Vega contra Parque Temático de Madrid.
Manuel Jove demanda a Bankia por valor de 16,4 millones por la operación de venta de Parque Warner Madrid según informa El País. Esta demanda es "consecuencia de las cláusulas de indemnidad establecidas en sendos contratos de compraventa de acciones de la sociedad Parque Temático de Madrid, S.A. (PTM) otorgados por Caja Madrid a favor de la demandante", indica Bankia en sus cuentas anuales. El contrato estaba sujeto a cláusulas de ajuste en función de la edificabilidad de los terrenos que se transmitían en la operación y la edificabilidad fue finalmente menor que la que se contemplaba tras algunos fallos judiciales. Las partes están tratando de llegar a un arreglo amistoso que evite que la demanda vaya finalmente a juicio.
Por otra parte, hay otra demanda y no es nueva puesto que su resolución data del año 2012, como se puede leer en la prensa. Esta resolución acaba de confirmarse. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza el recurso presentado por la mercantil Parque Temático de Madrid contra la resolución dictada el 7 de noviembre de 2012. San Martín de la Vega ha ganado una sentencia de 1,25 millones de euros por el convenio del parque temático madrileño. La empresa Parque Temático de Madrid (que no tiene relación directa con los gestores del parque temático) tendrá que pagar esa cantidad al ayuntamiento por incumplimiento del convenio firmado con el consistorio y con la Comunidad de Madrid para poner en marcha el territorio del actual parque temático. El ayuntamiento se alegra de esta decisión que repercutirá en mejoras y proyectos para los habitantes de San Martín de la Vega. Así se podrá abordar inmediatamente la reforma de la oficina de seguridad del Quiñón. La justicia todavía tiene que resolver otra reclamación de 1,5 millones de euros. El convenio hacía que la empresa mercantil pagase anualmente una serie de cantidades al ayuntamiento para facilitar los trámites que modificarían o adaptarían el terreno durante 5 años. En 2010 (tras un cambio en la compañía) dejaron de pagar por disconformidad con los términos del convenio y desde entonces deben 1,25 millones de euros de ese año y 1,5 millones de 2011.
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